Asombra que en un país democrático se levanten voces para favorecer la inmunidad de un criminal. Se invocan ahora supuestos derechos para quien no respetó las más elementales libertades masacrando y torturando a miles de personas por el simple ejercicio de pensar y sentir con arreglo a sus ideales. Asombra todavía más que estas voces de amparo a un acusado de genocidio salgan de nuestro propio Gobierno y lo que es más grave, ¡del Poder Judicial! Para Aznar tiene más importancia el interés económico de nuestras industrias en Chile que la vida de 94 españoles, asesinados por el dictador Pinochet.

Para el fiscal general del Estado, siendo España la patria de los indefensos asesinados, no tenemos derecho a pedir la extradición de su verdugo. Asombra menos que el anciano Fraga salga también en defensa del sanguinario general. A fin de cuentas don Manuel viene de la entraña del franquismo y suya fue la frase terrible de "¡La calle es mía!" Cuando era responsable de la seguridad del Estado y tampoco se respetaron los derechos humanos de algunos españoles. Bajo el mandato de Fraga se cometieron las atrocidades de Vitoria y a las víctimas no les valió acogerse a la protección de un lugar sagrado, un derecho que se respetaba hasta en la Edad Media, cuando ningún alguacil, ni justicia del Rey se atrevían a perseguir a un malhechor refugiado en una iglesia.

Pero Aznar y el fiscal Fungairiño, son ya hombres de la transición que han crecido al amparo de una Constitución. Nos deja de piedra que Aznar al tratar del posible procesamiento de un asesino pida a los jueces españoles "respeto y responsabilidad", y añade que cualquier acción jurídica contra el actual 'senador vitalicio' puede afectar a muchas sensibilidades. Da escalofríos pensar en la 'sensibilidad' del presidente de esta nación, pidiendo respeto hacia quien atropelló el derecho a la vida de un centenar de españoles, que es la parcela que duele a nuestra dignidad nacional. No puede haber respeto hacia un cobarde que se apoyó en la fuerza de los tanques para imponer su tiranía a un país libre. No se pueden anteponer los intereses de la Telefónica en Chile a la Justicia que reclaman nuestros compatriotas asesinados. España está más obligada a defender la dignidad de esos muertos que a velar por los negocios que tengamos en Chile.

Algunos políticos y juristas españoles elegidos democráticamente para proteger los derechos ciudadanos, se han quitado la careta enseñando su calaña de dictadores invocando la inmunidad diplomática de Pinochet como 'senador vitalicio'. Esa inmunidad la puede ejercer en Chile, donde se ha cuidado de dejarlo todo atado y bien atado para no responder de sus responsabilidades históricas. Pero fuera de Chile, está sujeto al derecho internacional. Y fuera de Chile no es más que un criminal que anda suelto. Mientras Inglaterra, que lo ha recibido con pasaporte diplomático, ha dicho bien claro que pueden procesarlo porque esa protección diplomática no existe fuera de Chile, en España, estos que presumen de patriotas y claman a cada paso por la defensa de la sagrada bandera de la Patria, no han levantado su ardor 'español' para protestar contra la quema de nuestra bandera por los ultras de Pinochet ante la Embajada española. Si esto lo llegan a hacer los rusos, ya estábamos reclutando otra división azul para vengar el honor de España. Pero como en Chile está la Compañía Telefónica Nacional de España, hacen la vista gorda.

O sea que llevan su 'dignidad de españoles' en la barriga. En esta ocasión, el polémico juez Garzón que tan valiosos servicios ha prestado a la derecha gobernante, procesando a los chorizos socialistas, está amenazado por la misma derecha que ha jaleado otros procesamientos. Garzón no ha hecho más que cumplir con su obligación de juez español, exigiendo responsabilidades al asesino de 94 españoles que después de muertos tienen derecho a ser defendidos por un Estado de Derecho, como dicen que es el nuestro. Resulta indignante que desde las altas esferas del Gobierno y el Poder Judicial haya actitudes proteccionistas hacia un desalmado, porque los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir. En Inglaterra han dado vía libre al juez Garzón. Aquí se le ponen barreras para que cumpla con su deber. Aquí se está tratando de ignorar algo tan sagrado como la universalidad de la Ley.